El blog del Observatorio

 Noticias del medio de comunicación  «Somos Castilla-La Mancha» sobre el procedimiento de acreditación de competencia en la región.

El Gobierno de Aragón firmó el pasado viernes un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) para impulsar la formación y profesionalización de esta actividad.

Zaragoza, 16 de septiembre de 2018. 

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, firmó el pasado viernes, 14 de septiembre, un convenio con el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), Vicente Pedro Lafuente, para impulsar la formación y profesionalización de este sector.

El acuerdo permitirá impulsar medidas, a través de Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), en el ámbito de la formación, de acuerdo con las nuevas aplicaciones, metodologías y conocimientos requeridos por esta actividad. Además, se impulsarán iniciativas en el ámbito del empleo, tanto en la orientación de los trabajadores como en la selección de candidatos para las empresas, y se promoverán programas experimentales dirigidos a las personas jóvenes que puedan dar respuesta a un relevo generacional necesario. Asimismo, se impulsarán campañas de puesta en valor de las compañías y de los trabajadores de la construcción a través de la celebración de jornadas de encuentro entre ambos.

Nuevos planes

La formación prevista incluye certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 con la finalidad de mejorar los conocimientos tanto de profesionales del sector como de personas que quieran incorporarse a él, nuevas especialidades vinculadas a las necesidades actuales y planes dirigidos especialmente a las personas jóvenes, para la dinamización del sector, y para mujeres, que están infrarrepresentadas en él.

Por otro lado, se promoverán procedimientos de evaluación y acreditación de competencias de los trabajadores, se estimulará la puesta en marcha de escuelas o talleres de empleo en actividades relacionadas con el sector, se impulsará la formación profesional dual, aprovechando la condición de la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón de Centro Integrado de Formación Profesional, y se suscribirán acuerdos de formación con compromiso de contratación, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades actuales de contratación de las empresas.

Tras la reunión de los representantes de la FLC con la consejera de Economía del Ejecutivo autonómico el pasado mes de febrero, ambas partes han estado trabajando en un plan de acción que incluye la identificación de las necesidades específicas de formación y la concreción de las herramientas con las que pueden satisfacerse.

Empleo cualificado

Actualmente, hay 3.936 trabajadores de la construcción en situación de desempleo en Aragón. El objetivo de este convenio es darles una nueva oportunidad laboral para que puedan volver a desempeñar un puesto de trabajo en un sector que, a día de hoy, requiere profesionales cualificados.

De los parados, el 63,82% tiene más de 45 años; el 84,81% son hombres y el 79,47% no supera la primera etapa de educación secundaria y, por tanto, no posee la cualificación profesional necesaria exigida por las empresas.

​La orientación profesional es un derecho a desarrollar mediante políticas públicas, con principios de equidad y justicia social, mediante actuaciones integrales

Madrid, 15 de septiembre de 2018. Estella Acosta Pérez (Coordinadora del Convenio entre Federaciones de Industria y Enseñanza de CCOO). 

El primer párrafo de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional contextualiza la importancia de su objetivo en el marco de lo que señalamos en negrita:

"El derecho a la educación, que el artículo 27 de la Constitución reconoce a todos con el fin de alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, tiene en la formación profesional una vertiente de significación individual y social creciente. En esta misma línea y dentro de los principios rectores de la política social y económica, la Constitución, en su artículo 40, exige de los poderes públicos el fomento de la formación y readaptación profesionales, instrumentos ambos de esencial importancia para hacer realidad el derecho al trabajo, la libre elección de profesión u oficio o la promoción a través del trabajo. En efecto, la cualificación profesional que proporciona esta formación sirve tanto a los fines de la elevación del nivel y calidad de vida de las personas como a los de la cohesión social y económica y del fomento del empleo."

Para las personas no iniciadas podemos introducir de forma sencilla las características de la ley 5/2002 (modificada varias veces) comentando que trata de cinco grandes ejes, que han recibido desigual tratamiento en sus desarrollos y en las inversiones. A pesar del consenso conseguido en su momento, los avatares de la política han supuesto avances y retrocesos, en casi todos sus capítulos: la integración de las ofertas formativas de los subsistemas (la reglada, la ocupacional y la continua) se ha concretado una vez que se ha desarrollado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones y con otras normativas más específicas[i]; la relación entre la formación y el empleo es el eje más trabajado y poco logrado, aunque hay avances en algunas familias profesionales; la acreditación de la experiencia laboral está legislada desde 2009, aunque los recortes o la falta de voluntad política han limitado las inversiones necesarias; la calidad una veces se evalúa de una forma y en otros períodos de otra, siempre en términos cuantitativos, no siempre eficaces para la mejora; pero, el gran ausente de todas las políticas públicas de forma efectiva ha sido el sistema integrado de información y orientación profesional. Siempre mencionado, siempre ocupando estéticamente los programas pero siempre también sin criterios claros, confundido con orientación para la inserción, búsqueda de empleo y con el Partido Popular privatizando la información o la orientación con las agencias de colocación.

No se trata solamente de la renuncia a desarrollarlo o de algún tipo de olvido típico de las políticas públicas, aunque hay bastante en este sentido. Se trata de un problema de peso, con dificultades serias para un desenvolvimiento eficaz. Ya hace tiempo que hablamos de los problemas de la orientación profesional en tiempos de incertidumbre.[ii] Pero, la ausencia de unas perspectivas adecuadas es una constante en nuestro país, con poca presencia de alternativas, críticas o incluso preocupaciones al respecto. Si es compleja la posibilidad de adecuar la formación profesional inicial al mercado de trabajo, lo es mucho más orientar a adolescentes y jóvenes para la elección de unos estudios a los 16 o los 18 años, para un empleo que puede desaparecer o cambiar de forma radical cuando finalicen sus estudios.

La orientación profesional eficaz significa analizar la historia profesional y vital de cada persona y proponer actuaciones que no dilapiden ese pasado

Por esa y otras razones económicas, sociales e ideológicas planteamos que la formación profesional es un derecho a lo largo de toda la vida y por lo tanto, la orientación profesional se constituye como un instrumento necesario en cualquier momento de la vida de cara a la formación, la recualificación, la promoción, el desarrollo profesional o el cambio de empleo. Lo señalan la OCDE y la OIT como parte de las políticas públicas necesarias para la cohesión social y el trabajo decente. Es ineludible en el marco de una concepción de defensa de la equidad y la justicia social, porque garantiza una coherencia con la historia profesional (formación y experiencia) que facilita una verdadera integración social activa y no sólo se limita a adaptar competencias para un empleo que incluso puede no ser definitivo.

Actualmente, en una gran mayoría de acciones supuestamente de orientación, la intervención se limita a informar sobre opciones de empleo, aconsejar qué formación se necesita (que no siempre se oferta de forma gratuita), en muchos casos sin tener en cuenta la historia profesional. Como mucho se analizan las titulaciones, para indicar requisitos, muchas veces sin relación con el perfil profesional al que se aspira. Otras acciones se reducen a entrenamiento para la búsqueda de empleo: redactar el currículum, cartas de presentación, cómo hacer entrevistas, etc. Las urgencias por encontrar un empleo, sobre todo si se acaba la prestación por desempleo, son un obstáculo mayúsculo, pero también influyen los intereses creados en el sector público para bajar las estadísticas de paro y en el privado para recomendar la formación propia de cada agencia (para cobrar o para rellenar cursos subvencionados) generalmente ligada a entidades de formación favorecidas por las políticas del PP.

La orientación profesional eficaz significa analizar la historia profesional y vital de cada persona y proponer actuaciones que no dilapiden ese pasado. Si fuera posible habría que profundizar en capacidades, conocimientos, habilidades específicas, en los intereses o motivaciones, en relación con perfiles profesionales antes que puestos de trabajo concretos. Sin urgencia pero en condiciones de viabilidad, es necesario contextualizar con la situación económica, del empleo, con las opciones reales de formación. Porque, si no hay empleo, si hay sectores en declive, otros emergentes, deberemos buscar las interrelaciones posibles con el desarrollo profesional anterior para recualificar con sentido pragmático, sin plantearse objetivos inalcanzables o producir frustraciones.

Por todo ello es indudable la importancia de la formación continua eficaz en el puesto de trabajo, como actualización, reciclaje con perspectivas de futuro predecible, con la flexibilidad que permite adaptaciones a los cambios y menos como entrenamientos mecánicos y limitados. Y es probable que, en alguna medida, sea necesaria una orientación profesional para proponer la formación más pertinente en cada caso. Aunque, por supuesto, los aciertos son más significativos para la situación de desempleo. Nada puede ser equitativo e incluso eficaz social y económicamente si está privatizado y desregulado. Porque se actúa en función de intereses concretos, para obtener beneficios, se ofertan las acciones disponibles o baratas en lugar de las adecuadas (pertinencia + calidad) Como en otros servicios públicos, si se privatizan los objetivos se desvirtúan, más flagrante en cuanto se trata de las personas más vulnerables en el desempleo o muchas veces sin participación de la representación sindical en las empresas.

La orientación profesional es un derecho a desarrollar mediante políticas públicas, con principios de equidad y justicia social, mediante actuaciones integrales

En ese artículo de la orientación profesional en tiempo de incertidumbre, con respecto a la posibilidad de orientación para un empleo concreto, decía: "En la actualidad casi resulta una utopía, incluso Mira i López [iii] en los años 50 criticaba el ideal tayloriano: "the right man in the right place" o el "the best man in the every place" de las concepciones de "capital humano", porque su visión social lo lleva a proponer la inversa: el mejor trabajo para cada persona. Para nosotros la orientación se transforma en un derecho ligado al aprendizaje permanente y a la empleabilidad." De ahí la importancia de considerar perfiles profesionales, ampliando las perspectivas de empleabilidad, cuando la especialización suele ser necesaria sólo en las altas cualificaciones de algunas áreas profesionales.

Para no extender demasiado estas líneas, podríamos resumir las ideas claves: la orientación profesional es un derecho a desarrollar mediante políticas públicas, con principios de equidad y justicia social, mediante actuaciones integrales, contextualizadas, con principios de viabilidad, a lo largo de toda la vida y para el desarrollo profesional. Implementando otras acciones para la inserción laboral, la búsqueda de empleo en un marco de un sistema integrado de información y orientación profesional que propone nuestra ley orgánica 5/2002 en su origen.[iv] Pero, la crisis y la austeridad condicionan su desarrollo y se modifica para incorporar "otras entidades" en la tramposa ley de economía sostenible en una disposición final en 2011, contribuyendo a las posibilidades máximas de privatización que se desarrollan en las normativas desreguladoras del PP a partir de 2012. Ahora, que van a negociarse varios capítulos relacionados con la formación profesional, esperemos que las propuestas del ministerio o las modificaciones producto del diálogo social permitan implantar un modelo público de orientación profesional, que responda de forma integral a las reales necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, con o sin empleo. Las relaciones entre orientación y FP, que corresponden al sistema educativo, lo trataremos en otro artículo

[i] El Catálogo se inicia en 2003; la formación para el empleo (continua + ocupacional) en 2007; los Certificados de Profesionalidad en 2008, los títulos LOE a partir de 2006

[ii] Acosta Pérez, E (2013): La orientación profesional en tiempos de incertidumbre. Revista de Estudios nº 50. Fundación 1º de Mayo.

[iii] Emilio Mira i López (1959): La orientación profesional. Kapeluz. Buenos Aires. (republicano exiliado en varios países latinoamericanos, reconocido como autoridad internacional; primera cátedra de psiquiatría de España en 1933 en la UAB, creador del Instituto Psicotécnico antes de la República y "Durante la guerra civil española fue director del Instituto de Adaptación Profesional de la Mujer, dependiente de la Generalitat de Catalunya y en 1938 fue nombrado por el Ministerio de Defensa Nacional Jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército de la República Española."

[iv] Ver Artículo 1. Finalidad de la Ley. Y el TÍTULO III Información y orientación profesional. Artículo 14. Finalidad. En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional la información y orientación profesional tendrá la finalidad de: 1. Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades de adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones profesionales y del progreso en las mismas a lo largo de toda la vida. 2. Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posibles itinerarios formativos para facilitar la inserción y reinserción laborales, así como la movilidad profesional en el mercado de trabajo.(2002)

Nueve empresas participan en el programa PEAC impulsado por CEOE Aragón.

Zaragoza, 18 de junio de 2018. 

Un total de 53 empleados de nueve empresas de Aragón han recibido los certificados de acreditación de competencias en instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte logrados a través del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales (PEAC) desarrollado por la Agencia de Cualificaciones del Ejecutivo autonómico a propuesta de CEOE Aragón y la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad.

En este procedimiento han participado trabajadores de Schindler, Agustín Polo, Ascensores Carbonell, Electricidad y Elevación Gonfer, Orona, Pecres, Ares Elevator Company, Araeleva y Proyectos de Ingeniería, Auditoría y Eficiencia Energética.

Los PEAC, tal y como han apuntado este lunes desde la patronal aragonesa, permiten a empleados y profesionales de todos los sectores de actividad acreditar oficialmente su experiencia profesional a lo largo de los años y facilitar su reconocimiento y proyección profesional "sin necesidad de realizar cursos de formación adicionales". "Sus competencias se comprueban a través de la recopilación de evidencias de su vida laboral, entrevistas y, en su caso, pruebas de evaluación; obteniendo el certificado de profesionalidad correspondiente", ha indicado CEOE Aragón en un comunicado.

Junto con la oferta pública de procesos PEAC -convocados por el Gobierno regional- entidades como la patronal pueden promover su puesta en marcha para ocupaciones y sectores "cuyas compañías así lo demandan y no encuentran acomodo en la oferta existente, siempre en colaboración con la Agencia de Cualificaciones de la DGA".

A lo largo del día de hoy, se han reunido representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las comunidades autónomas en el marco del Comité Técnico de Cualificaciones. Un encuentro en el que se ha presentado el segundo informe sobre el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, que partió de un borrador del Instituto Nacional de las Cualificaciones, y que ahora ha sido enriquecido con las aportaciones de las comunidades autónomas.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) acoge este miércoles una jornada pretende compartir trabajo con evaluadores y orientadores que participan en el programa Acredita, a través del cual se están reconociendo las competencias profesionales de las miles de personas que trabajan en el sector de la Dependencia, que necesitan tener certificada su cualificación para mantener o conseguir sus empleos.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 12 de julio de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha facilitado la acreditación profesional de 10.735 personas en los dos años que lleva al frente del Ejecutivo Emiliano García-Page, gracias al programa 'ACREDITA'. La meta es, según ha avanzado hoy el viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales, Francisco Rueda, llegar a los 20.000 acreditados al final de la legislatura. Así, el Consejo de Gobierno, aprobó en su reunión de ayer, la convocatoria de 3.550 nuevas plazas para acreditaciones.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 12 de julio de 2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha facilitado la acreditación profesional de 10.735 personas en los dos años que lleva al frente del Ejecutivo Emiliano García-Page, gracias al programa 'ACREDITA'. La meta es, según ha avanzado hoy el viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales, Francisco Rueda, llegar a los 20.000 acreditados al final de la legislatura. Así, el Consejo de Gobierno, aprobó en su reunión de ayer, la convocatoria de 3.550 nuevas plazas para acreditaciones.

​La intención es que los monitores con título puedan ejercer en toda España y en Europa.

Zaragoza, 23 de enero de 2017. 

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha anunciado este lunes que el Gobierno de Aragón trabaja en la modificación del decreto que regula las Escuelas de Tiempo Libre, es decir, de aquellos centros que forman a los monitores y directores de tiempo libre.

Broto ha hablado sobre esta cuestión en una reunión con los responsables de las Escuelas de Tiempo Libre en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), junto a su gerente, Adrián Gimeno. Y es que antes de cerrar las modificaciones del decreto, se tendrán en cuenta las consideraciones de los profesionales que trabajan en este ámbito.

"Se trata de una modificación muy necesaria porque este decreto procede de 1986 y la sociedad ha cambiado mucho, al igual que las actividades que se organizan. Por eso la formación de los monitores debe ser diferente", ha explicado la consejera.

Broto ha destacado la necesidad de que las propias escuelas hagan sugerencias sobre los posibles cambios ya que, ha dicho, "estamos hablando de la formación de personas que luego van a trabajar en comedores y transporte escolar, actividades de tiempo libre, campamentos…

Asimismo, ha insistido en que el otro objetivo de estos cambios que se están diseñando es que los monitores y directores de tiempo libre aragoneses puedan tener una acreditación de competencias que les permita ejercer tanto en España como en el resto de Europa.

Las escuelas de tiempo libre forman a dos tipos de perfiles profesionales: monitor y director de tiempo libre. En el caso de los directores, en la actualidad deben seguir un curso teórico de 100 horas y otras 100 de prácticas. Para el caso de los directores el número de horas teóricas asciende a 150.

En los últimos 10 años, desde 2006, han obtenido el título de monitor de tiempo libre en Aragón un total de 21.186 personas y de director de tiempo libre, 1.074.

En un principio esta titulación estaba dirigida a una población joven, de menos de 30 años, universitaria o desempleada y en un alto porcentaje femenina. No obstante, a partir de 2000 esta tendencia cambio ya que, por ejemplo, a las monitoras de comedores escolares se les exigió la obtención de este título para poder trabajar.

Lo han hecho a través de un proceso de acreditación en sectores como el medio ambiente, la hostelería o el turismo.

Zaragoza, 29 de diciembre de 2016. 

Un total de 452 aragoneses han conseguido este año un título acreditando su experiencia laboral. El proceso, denominado de competencias profesionales, permite recibir una certificación profesional a aquellos que no tenían un título por estudios o que pueden así obtener uno nuevo basado en su vida laboral, y que posteriormente les puede servir para acceder a otros puestos de trabajo o continuar su formación.

De esta forma, estos trabajadores de la Comunidad ven reconocida de manera oficial la experiencia laboral que han adquirido durante años. Actualmente, según informó ayer el Departamento de Educación, existen tres convocatorias más de acreditación que se cerrarán en un breve plazo de tiempo. Hasta la fecha, en 2016, el procedimiento se ha llevado a cabo en los sectores de seguridad y medio ambiente, servicios socioculturales, hostelería y turismo, y en química y agricultura.

En las últimas semanas, la Consejería ha hecho entrega de estos certificados en las tres capitales aragonesas, en centros e institutos de secundaria que se han encargado de los trámites para conseguirlos, como son el Corona de Aragón y Los Enlaces en Zaragoza, el San Blas de Teruel o el San Lorenzo de Huesca. Por poner un ejemplo de la función de estos títulos, en este último centro, 25 personas han obtenido todas las unidades de competencia como guías de turistas y visitantes, lo que les ha hecho valedores de un carné profesional por parte de la Dirección General de Turismo. Aquellos que no han logrado todos los pasos, pueden hacer cursos (de idiomas o específicos de su rama) hasta conseguirlos.

Para hacerse con un título así debe salir previamente una convocatoria por parte de Educación, que señala las plazas y las familias profesionales que se van a ofertar. Después, cada candidato recibe asesoramiento y recopila evidencias sobre su trabajo, que después valorará una comisión, que se ocupa además de hacer una entrevista a los aspirantes en la que deben demostrar su pericia en un empleo determinado.

Una demanda creciente

Durante los últimos años, ha habido gran demanda de estas titulaciones, como prueba el hecho de que más de 5.000 personas del sistema sociosanitario las hayan logrado desde 2008. Por este motivo, la DGA decidió extender en 2016 el plazo de inscripción, ya que en años anteriores el proceso se limitaba a una fecha concreta. En la actualidad, todas las solicitudes que van llegando se agrupan y se van aprobando conforme se realizan.

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón ha asegurado que la formación de los alumnos es una prioridad para el INAEM..

Zaragoza, 14 de abril de 2015. 

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, se ha comprometido a tener la formación como una de las prioridades del Ejecutivo con motivo de la entrega de los certificados de profesionalidad a los 110 alumnos que han realizado los cursos del Instituto Aragonés de Empleo.

Durante su alocución, la consejera les ha dicho a los alumnos que su formación es una prioridad para el Instituto Aragonés de Empleo y su éxito "será un aliciente para seguir trabajando en formación", informan fuentes del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Los certificados entregados este lunes en el INAEM corresponden a 18 familias profesionales de las 26 existentes. Destacan por su número: Servicios Sociales y a la Comunidad (28 certificados), Comercio y marketing (17 certificados), Informática y comunicaciones (14 certificados) y Administración y gestión (13 certificados).

Marta Gastón ha animado a los estudiantes a seguir su itinerario formativo ya que "eso provoca ensanchar el horizonte de posibilidades de obtener empleo" al tiempo que ha destacado el deseo del Ejecutivo de favorecer la cualificación de los trabajadores aragoneses con el único fin de que puedan "conectar con los puestos de trabajo".

Por ello, la formación que se imparte, con el fin de mejorar la empleabilidad del capital humano, trata de adaptarse a las necesidades y perfiles laborales que requieren las empresas.

El certificado de profesionalidad es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración laboral, que reconoce y certifica la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo.

Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido, y son expedidos en Aragón por el Instituto Aragonés de Empleo.

Los certificados de profesionalidad son, en el ámbito laboral, lo que en el educativo son los títulos de formación profesional y ambos (Títulos y Certificados) se estructuran en 26 familias profesionales.

Poseer un certificado de profesionalidad supone incrementar sustancialmente el currículo profesional, ya que, al ser un documento oficial, se valora en cualquier proceso de selección que convoquen las administraciones públicas y acredita, además, profesionalmente ante la empresa privada.

Estos documentos pueden obtenerse bien a través de la vía formativa o de la de la experiencia.

En el primero de los casos es necesario haber realizado con evaluación positiva todos los módulos formativos y el módulo de prácticas de los cursos del Plan de Formación para el Empleo de Aragón que configuran un certificado de profesionalidad.

Por lo que respecta a la vía de la experiencia, la acreditación se consigue a través de los procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Estos certificados son documentos que reconocen de manera oficial la formación y la capacidad de un trabajador en una determinada área laboral.

Zaragoza, 14 de abril de 2015. 

El Certificado de Profesionalidad es una acreditación oficial que garantiza que la persona que lo posee tiene los conocimientos y las habilidades requeridas para un determinado trabajo cualificado, de acuerdo a la clasificación establecida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Supone una herramienta muy útil a la hora de buscar empleo ya que, gracias a él, el trabajador cuenta con un documento que reconoce de manera oficial su formación y su capacidad en una determinada área laboral. Respecto al empleador, este certificado le asegura que un trabajador es competente en una determinada actividad laboral cualificada.

Transparencia

Cada certificado corresponde a un perfil profesional, sobre el que se describen una serie de competencias, capacidades y conocimientos que posee el trabajador en búsqueda de empleo. De este modo, los certificados de profesionalidad proporcionan transparencia al mercado laboral porque muestran de manera clara y precisa lo que sabe hacer cada trabajador.

El certificado de profesionalidad no es un título, es una acreditación laboral que se obtiene tras superar los módulos formativos establecidos en cada certificación. Los módulos están agrupados por especialidades de conocimiento. Al estar los módulos organizados por bloques, cada trabajador puede establecer un itinerario personalizado de cualificación.

El certificado, expedido por el Instituto Aragonés de Empleo, tiene validez nacional.
El certificado puede obtenerse al participar y superar los módulos formativos, entre ellos, los que se siguen en las escuelas taller. En los casos en que se posea experiencia laboral previa, esto podrá eximir de la parte formativa práctica, siempre y cuando se acrediten las competencias profesionales mediante los procedimientos de evaluación previstos.

 Los consejeros de Educación y Ciencia, José Valverde, y de Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio, presentaron hoy en Ciudad Real esta Feria junto al alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y al presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, César García.

​Para quienes accedan por primera vez a este dispositivo de extinción de incendios se han organizado cursos de formación con el SEPECAM. Los 526 alumnos matriculados tienen prioridad para incorporarse a la oferta de 399 plazas vacantes para este verano.